La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto presentado por el tucumano Pablo Yedlin, que autoriza al Gobierno a adquirir las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, y que habilita al Estado Nacional a firmar convenios donde se podrá mantener la jurisdicción de tribunales extranjeros.
De esta manera, el proyecto que fue girado al Senado autoriza a firmar los convenios con estas cláusulas, ya que en algunos casos es una exigencia de los laboratorios extranjeros para poder vender las vacunas a la Argentina, en medio de una pandemia donde la mayoría de los países buscarán contar con esa herramienta sanitaria.
La iniciativa fue aprobada por 230 votos aportados por el Frente de Todos, la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino.
En tanto, los dos diputados de izquierda, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, y otros cinco legisladores de Juntos por el Cambio, lo hicieron en contra; y once legisladores del principal bloque opositor se abstuvieron.
El proyecto impulsado por Yedlin (Frente de Todos) declara de interés público «la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria».
Además fija que «se podrá incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19» ciertas especificaciones.
Esas cláusulas permiten la «la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición».
«En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país», precisa el texto aprobado.
También fija que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina.
Otro punto clave es que se estableció que las vacunas deberán ser previamente autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Ministerio de Salud y analizada por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
También se faculta al Ministerio de Salud a generar cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial.
Otro aspecto es que se va eximir del IVA y de impuestos aduaneros a las vacunas contra la Covid -las vacunas del calendario oficial ya cuentan con esta excepción desde la aprobación de la emergencia sanitaria-.
Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Publica, dijo que el proyecto se redactó en sintonía con el Ministerio de Salud porque «se requiere esta ley porque así son los requisitos de la industria farmacéutica» y la Argentina «necesita contar con la vacuna ya que la pandemia y su gravedad no ha disminuido».
«Estamos aquí con una enorme responsabilidad. Estos son los requisitos que la industria farmacéutica impone y es la responsabilidad del Ministerio de Salud de llevar adelante estas contrataciones», apuntó.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos y titular de la Corriente Clasista Combativa, Juan Carlos Alderete, dijo que «no son las leyes que nos gustan votar pero estamos en medio de una pandemia y necesitamos la vacuna pero lo que acá se está discutiendo es si le damos las herramientas al Gobierno para adquirir esas vacunas» y le pidió a los que «gobernaron en los últimos cuatro años, no pongan trabas», enfatizó.
La diputada del Pro, Carmen Polledo argumentó en favor del proyecto: «Necesitamos la vacuna. Se hizo un gran esfuerzo de Juntos por el Cambio ya que se debió dictaminar en 48 horas».
Por su parte, el titular del Interbloque Federal, Eduardo Bucca, dijo que «es una herramienta concreta al Gobierno nacional para que pueda generar las gestiones pertinentes para poder adquirir la vacuna que genere inmunidad, aunque es importante no generar falsas expectativas en la sociedad».
«Hay muchas vacunas en etapa de investigación, y donde las grandes potencias compiten para ver quién llega primero a la meta, porque eso da poder a nivel global. O sea, no significa que la primera vacuna que salga sea la más eficiente, por eso le damos ésta herramienta al Ministerio de Salud, que claramente no significa un ‘vale todo’».
La diputada radical Claudia Najul señaló: «Estamos institucionalizando requerimientos internacionales necesarios para garantizar el acceso oportuno a la vacuna contra el #Covid19. Son reglas de un mundo globalizado, con el que debemos vincularnos».
El legislador de Juntos por Rio Negro, Luis Di Giacomo dijo que «tenemos que otorgarle una dosis de confianza al Ministerio de Salud para que de alguna manera pueda afrontar este proceso en el cual nuestro país tiene que plantarse en la situación de hacer convenios y preconvenios; porque además no vamos a depender de un solo proveedor sino, que se va a dar la situación de poder comparar entre muchos lugares –laboratorios y/o países productores-«.
En tanto, el diputado de izquierda, Nicolas del Caño, señaló que «este proyecto parece que estuviera escrito por los grandes laboratorios del mundo que son los que se van a beneficiar con esta ley, No nos extraña que haya un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio».
A su vez, el diputado de la Coalición Civica, Ruben Manzi, dijo que «este proyecto habilita al Gobierno a hacer reserva de vacunas. Es permitir que el Gobierno nacional pueda realizar pre contratos para tener las partidas necesarias”.
Fonoaudiología
La Cámara también convirtió en ley por unanimidad el proyecto que establece el marco general para regular el ejercicio profesional de la fonoaudiología en todo el país, que solo podrán ser ejercidas por aquellas personas que tengan el título de grado universitario o superior.
La iniciativa fue sancionada por 247 diputados con el respaldo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, el Movimiento Popular Neuquino, y los dos bloques de izquierda.
Yedlin defendió el proyecto para reconocer el ejercicio profesional de la fonoaudiología y señaló que «en este año atravesado por la pandemia vamos a saldar esta deuda del sistema de salud que teníamos con esta actividad».
«Hoy damos este gran paso para que la fonoaudiología se jerarquice y logre su profesionalización, es un año que por la pandemia estamos trabajando en forma virtual», agregó.