El Gobierno, a instancia de los ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud y de Agricultura, impulsa un etiquetado frontal en alimentos basado en un sistema de advertencias, con el objetivo de ayudar a contrarrestar «la epidemia de sobrepeso y obesidad que aqueja a nuestro país».
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, indicó a la agencia oficial Télam que «los nutrientes advertidos serán sodio, grasas saturadas y azúcares; la base de cálculo se realizará sobre 100 gramos y se incluirá una leyenda sobre edulcorantes».
El etiquetado frontal apunta a que la población se informe fácil y rápidamente acerca de las propiedades nocivas para la salud que poseen los alimentos que consumen.
Hay tres sistemas de etiquetado y el que Argentina eligió es el de advertencias, que consiste en la presencia de una o más imágenes gráficas en el frente del paquete que indican si el producto presenta niveles superiores a los recomendados de sodio, grasas y azúcares.
Aún resta consensuar el formato de etiquetado, y las opciones que se contemplan son sellos negros (utilizado por Chile y Uruguay) o una lupa (modelo aprobado la semana pasada por Brasil).
La presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición (Fagran), Andrea Graciano, argumentó que «el sistema más efectivo es el de advertencias con el formato de sellos negros porque brinda la información de la manera más clara y fácil de comprender».
«Existe evidencia científica que muestra que este sistema tiene los mejores resultados, sobre todo en niños y población de menores recursos económicos y nivel educativo. En Chile disminuyó el consumo de los productos con excesos de grasas, azúcares y sal, que son los que van de la mano con el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles», agregó la especialista.
Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2), en nuestro país 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presentan sobrepeso.
Para Español, la iniciativa significa «ampliar y defender los derechos a la salud y la información» porque «es una política muy efectiva para avanzar sobre la epidemia de sobrepeso y obesidad que aqueja al mundo entero».
Asimismo, la funcionaria aseveró «que el 70% de la población mayor de 13 años no lee la información nutricional de los envases» por lo cual «es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a información clara, simple y precisa e incentivar a las y los consumidores a elegir alimentos de mejor calidad nutricional».
Países como Chile, Uruguay o Perú fueron pioneros a nivel continental en la implementación de este instrumento avalado por entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La responsable de Seguridad Alimentaria y Nutrición de FAO en Argentina, Elizabeth Kleiman, dijo a Télam que «la región viene avanzando en esta temática», y consideró que «es muy bueno que Argentina tenga una firme voluntad de consolidar un proyecto realista que integre a todos los actores involucrados».
El proyecto elaborado por el Ejecutivo ya fue presentado en la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) y en el Mercosur.
En este sentido, Español afirmó que «lo estamos impulsando a nivel Mercosur porque es el espacio en el que estamos insertos económicamente y que queremos sostener y profundizar en el tiempo».
No obstante, explicó que «los plazos a nivel regional muchas veces no se condicen con la celeridad requerida para ciertos temas. Por eso estamos trabajando también en el ámbito de discusión nacional, que es la Conal».
En la semana, en un plenario de comisiones del Senado que debatió la unificación de 13 proyectos de ley sobre el tema, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, aseguró «compartir los fines y propósitos con el Poder Ejecutivo» pero pidió «tener en cuenta las distintas realidades».
«No nos oponemos al etiquetado, siempre y cuando no tienda a la demonización», agregó el dirigente, y consideró inoportuno «copiar modelos que demonizan alimentos y no facilitan ni el acceso ni el conocimiento sobre sus cualidades».
Una encuesta difundida por la FAO sobre la experiencia chilena, indicó que los sellos del etiquetado influyeron en el 91,6% de los consumidores, ya sea para «elegir alimentos con menos sellos (67,8%), no comprar alimentos con sellos (9,7%), o comprar menos de lo que hubiera comprado si el producto no hubiese tenido sellos (14,1%)».
Además, el trabajo señaló que el etiquetado sirvió para que un 20% de los productos mejoren su composición nutricional para reducir la presencia de sellos de advertencia en el envase, lo que redundó en una mejor calidad de los alimentos.
La titular de Fagran aseguró que «si bien el etiquetado frontal no busca la reformulación de los productos, indirectamente termina generando que la industria lo haga para seguir vendiendo, ya que a larga cada vez menos gente consume productos de menor calidad nutricional».
Por su parte, Español resaltó que «con este proyecto no hay perdedores y no se diseña en contra de nadie; la industria es parte y tiene un rol activo y fundamental».
«Apostamos a que readecúen los ingredientes de sus productos, en pos de que cada vez haya mayor oferta de alimentos de mejor calidad nutricional. En todos los países del mundo es cada vez mayor la demanda de productos más saludables», concluyó la funcionaria. (Télam)