En esta instancia, se investigarán los crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán anunció que el 8 de agosto de este año iniciará el juicio de lesa humanidad de la denominada Megacausa Jefatura III, el 15° proceso de este tipo que se desarrollará en la provincia.
Se trata de una megacausa en la que se juzga la responsabilidad de 30 imputados, entre los que se encuentran policías y militares; por la comisión de delitos de lesa humanidad efectuados entre los años 1975 y 1983, en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía.
La secretaria de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, Érica Brunotto, explicó cuál será el rol de su área en el proceso judicial: «nos han notificado desde el TOF la fecha para el comienzo de las audiencias de debate oral de lo que sería la 15° causa por lesa humanidad en la provincia de Tucumán. La misma tiene dos partes: por un lado, la causa Rivero, y por otro, es una Megacausa Jefatura III. Nosotros tenemos varias acciones durante el desarrollo de los juicios, pero también antes de empezar las causas. Por ejemplo, trabajamos con el equipo interinstitucional de acompañamiento a las víctimas testigos. Es un equipo que ha sido creado en la Secretaría y que coordina la Silvia Sandoval que está integrado también por otras instituciones.
Y añadio: «Lo que hacemos es acompañar a las víctimas previo al litigio, durante el testimonio y también hacemos seguimiento. A este equipo también lo integran el Colegio de Psicólogos; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Social, aportando acompañamiento psicológico; y también los psicólogos y trabajadoras sociales de la Secretaría de DDHH y Justicia para conformar un grupo que pueda trabajar durante las audiencias que van a llevar mucho tiempo, teniendo en cuenta el número de casos a analizar».
Además, la autoridad explicó la importancia de estas instancias: «es fundamental que se pueda juzgar, condenar -si corresponde- y pedir cárcel común a los culpables de la época más trágica de la Argentina y, sobre todo, de nuestra provincia. Es un trabajo arduo, pero festejamos que se hayan resuelto las cuestiones preliminares para que se pueda llegar al debate oral».
Por otro lado, se refirió al trabajo articulado entre las distintas áreas de los poderes del Estado que intervienen en el proceso: «nosotros tenemos la dinámica de trabajar con el Juzgado Federal, con la Fiscalía Federal y también con el TOF, que nos piden colaboración. Tenemos instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, como también de la Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, de prestar toda la asistencia que la Justicia requiera. Brindamos apoyo con los traslados de las víctimas testigos para que puedan declarar, la contención, aportando si necesitan refrigerios, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con el día a día de los testigos durante este camino».
«Es un acontecimiento muy significativo, es una política de Estado para el Gobierno de la Provincia la Memoria, la Verdad y la Justicia. Las causas de lesa humanidad en el país tienen que continuar y acelerar para poder juzgar a todos los responsables del proceso cívico militar», destacó Brunotto.
Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del universo procesal de Jefatura de Policía de Tucumán. Es una causa donde hay 233 víctimas y 33 imputados, las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.