Los legisladores Carlos Cisneros y Pablo Yedlin presentaron una propuesta para «rechazar las privatizaciones de empresas estatales» promovidas por el presidente Javier Milei.
Los diputados tucumanos Carlos Cisneros y Pablo Yedlin, junto a colegas de Unión por la Patria, han presentado un proyecto de declaración para oponerse a las privatizaciones de empresas estatales propuestas por el presidente Javier Milei a través del proyecto de Ley Ómnibus, conocido como Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
En un comunicado, los legisladores expresaron su oposición a la realización de un extenso e injustificado plan de privatización de empresas estatales, sociedades y la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Además, advirtieron que la implementación de este plan sería irreversible y generaría consecuencias perjudiciales para la estructura económica de Argentina y los derechos de los usuarios y consumidores.
Sugirieron a la Cámara baja expresar su rechazo a la privatización de empresas y sociedades, ya sea de propiedad total, mayoritaria o minoritaria, así como a la venta de activos del FGS, según el «preocupante contenido» de la denominada Ley Ómnibus.
El proyecto cuenta con las firmas de Carlos Cisneros, Pablo Yedlin, Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Mario Manrique, Pablo Carro y Hugo Yasky.
Los legisladores de la oposición afirmaron que fortalecer la eficiencia del sector público y de las empresas es un desafío, pero rechazaron categóricamente la entrega del patrimonio público como solución a presuntas ineficiencias. Advertieron que la nueva propuesta de privatizaciones masivas empeoraría la situación, privando al Estado de herramientas valiosas para salvaguardar los derechos fundamentales de los sectores vulnerables.
Los diputados consideraron «alarmante» que el proyecto de ley «Bases» proponga privatizaciones generales sin detalles ni participación del Congreso, trabajadores o sectores afectados.
Criticaron la contradicción de la ley al proponer la privatización directa de 41 empresas sin análisis previo, calificándolo de procedimiento dogmático.
Señalaron la privatización sin justificación ideológica y resaltaron que muchas empresas superavitarias y estratégicas podrían generar grandes negocios para el sector privado. Criticaron la falta de respeto por las formas jurídicas y consideraron la propuesta como «absurda y peligrosa», violando derechos de usuarios, consumidores y provincias. Destacaron a empresas como Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas como estratégicas y superavitarias.