Soria es el acusado de vender la mercadería del ministerio de Desarrollo social que era destinada a organizaciones, comedores y sectores vulnerables de la sociedad. El hombre agrava su situación procesal al descubrir que es un empleado legislativo.
Marcos Soria primeramente fue señalado como empleado del concejal Vargas Aignasse en el Concejo Deliberante, pero resultó ser empleado de la Legislatura con 15 años de antigüedad, esto empeora su situación y le aplicaron 30 días de prisión preventiva.
En medio de la investigación a cargo de López Bustos, el allanamiento clave fue en la casa de Rosa Margarita Sánchez, donde encontraron los víveres del estado destinados a la asistencia alimentaria de barrios y el interior de la provincia. Testigos confirman que el dueño era Soria y escondía los alimentos en ese lugar. Agustina Racalde, la defensora de Sánchez, logró que la mujer siga en proceso de libertad luego de que la hayan acusado de encubrimiento. Por su lado, Soria se presentó con las autoridades cuando la policía lo buscaba.
Julieta Molé, auxiliar del caso, sigue las indicaciones del fiscal al mando, por eso ratificó que las evidencias recolectadas sospechan que entre marzo y diciembre de 2023, el imputado retiraba la comida de la empresa Hacha de Piedra para luego vendera a Ibáñez y su hija Alejandra, información que fue dada por el concejal señalado en la causa, junto con una hoja que marcaba el trayecto de «las personas que ayudaban», además aclaró que jamás recibieron ninguna queja porque no sabían lo que este hombre hacía.
Molé enfatizó que al tener 15 años de antigüedad, debía considerarse funcionario público y acusado de encubrimiento agravado. Además, otra de las peticiones, fue la prisión preventiva de 30 días al sospechoso ya que consideran que puede entorpecer la investigación y presionar a quienes confesaron en su contra. Esta no es la única causa en la que Soria es protagonista, tuvo causas por tenencia de droga para uso personal y por violencia de género.
Su defensor, Victor Padilla, aseguró que la acusación hecha a su cliente no reúne las pruebas necesarias. Comenta que la auxiliar solo testifica que vieron a Soria bajando mercadería de un funcionario no identificado, el cual no saben quien es y si realmente es funcionario, aparte, se sustentan también en el testimonio de la mujer imputada y su hija.
La jueza Isabel Méndez, aceptó la petición de la fiscalía y ordenó que Soria tenga esos 30 días de prisión preventiva.