La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió en las últimas horas a la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad y detalló que el Gobierno “está discutiendo si es 14, 13 o 12 años″.
En diálogo con Radio Mitre, Bullrich sostuvo que se están analizando la experiencia de países de la región en cada franja etaria.
En la misma entrevista, remarcó que buscarán la pena máxima para delitos de sangre, mientras que si el acusado comete un delito menor, la intención será lograr que “recapacite” y no vuelva a incurrirse en ilícitos.
Edad de imputabilidad y distinción entre delitos
“Todavía se está discutiendo la edad: si es 14, 13 como en Uruguay o 12 como Brasil. Estamos discutiendo cuál es la edad. Nos parece que hay dos cosas: en los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad; porque si es un asesinato, tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa, si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores, eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera. 13 tiene Uruguay y 12, Brasil; estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población”, dijo Bullrich.
La ministra diferenció entre dos tipos de delitos: “Hay delitos de sangre, donde nosotros queremos la máxima pena; hay delitos menores, donde uno puede tratar que el menor recapacite: por ejemplo, un pequeño hurto”.
“Ahí trataremos de que recapaciten. Así como en la teoría de las ventanas rotas de Estados Unidos, que comenzaban con un delito menor y se iniciaba un tratamiento especial para que no vuelvan a cometer el delito, en su momento fue muy exitoso. Luego eso se ablandó y volvió nuevamente el delito menor en Nueva York. Hay que tener una de cal y una de arena. A los que cometen delitos menores, tratar de que no cometan delitos mayores. Y a los que cometen un delito fuerte, de sangre, muy violento, esos tienen que tener una pena mucho más dura”, explicó.
Extranjeros que delinquen
La ministra dijo también que junto a Migraciones trabajan para perfeccionar los mecanismos que permitan deportar a los extranjeros que integran organizaciones criminales o cometen ilícitos en la Argentina.
Fuente: La Voz