Burford hizo su trabajo y le presentó a la jueza Loretta Preska argumentos considerados por el propio fondo de inversión como sólidos para determinar que efectivamente YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) son “Alter Ego” de la Argentina. En consecuencia, son embargables como garantía de pago del juicio que el país perdió por la manera en que se renacionalizó la petrolera en 2012.
Burford, dominando la situación y de manera profesional, atacó donde sabe que la jueza tiene enojos con Argentina, argumentando sobre la falta de voluntad de diálogo y aptitud negociadora “a 10 años de iniciado el juicio”; recordó la jurisprudencia contra el país del juez Thomas Griessa (antecesor de la magistrada) por el juicio del siglo contra los fondos buitre que se desarrolló en el mismo juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York, y ponderó la decisión de Preska de pedirle a los abogados que representan a la Nación del estudio Sullivan & Cromwell (S/C) que envíen más datos sobre la relación entre el gobierno e YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Además, Burford aceptó sin mayores protestas que Preska haya limitado el listado de empresas a descubrir el “Alter Ego” de la República, y concentrarse en la petrolera y la entidad que dirige Santiago Bausilli, dejando afuera de la posibilidad de embargo de acciones a Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Nación.
El fondo Burford Capital, vencedor en primera instancia y al que el país le debe (según el fallo de Preska de junio pasado) unos 16.000 millones de dólares más intereses, tuvo entre el miércoles y el jueves su turno para explicar por qué reclama avanzar con embargos directos como garantía de cobro, proceso que ahora demandará entre 15 días y un mes en resolverse.
Lo que el fondo de inversión busca, es que se le garantice el pago final del juicio perdido por el país y que alcanza la espeluznante cifra de los U$S 16.000 millones. Y que dado el pésimo currículum que mantiene Argentina en estas lides, es necesario avanzar en embargos que le garanticen que al final del proceso Burford cobrará. O podrá liquidar bienes argentinos en el caso que el país no cumpla con el fallo negativo.