José «El mellizo Orellana» renunció a su banca en la Legislatura
José Fernando Orellana, exintendente de Famaillá y legislador provincial, presentó este mediodía su renuncia a la banca que ocupaba en la Legislatura de Tucumán, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena por abuso sexual simple. La dimisión fue dirigida al vicegobernador Miguel Acevedo, presidente del cuerpo legislativo.
“Esta decisión responde a motivos de índole personal y ha sido tomada con plena conciencia y responsabilidad respecto del rol institucional que he tenido el honor de ejercer”, expresó Orellana en la nota de renuncia. Además, agradeció el acompañamiento de sus colegas durante su paso por la Legislatura.
Sin embargo, en declaraciones radiales realizadas esta mañana, el ahora exlegislador denunció una supuesta operación política en su contra: “Sé quién está detrás de esto, pero igual no dejaré de hacer política. No necesito una banca para hacerlo”, afirmó en diálogo con la periodista Marisa Suárez.
Tras su salida, su lugar en la Legislatura será ocupado por Patricia Lizárraga, exintendenta de Famaillá entre 2015 y 2019, quien figuraba en el tercer lugar de la lista por la que fue electo Orellana.
El caso judicial
La causa por la que fue condenado se remonta a noviembre de 2016. Según la investigación, Orellana —entonces diputado nacional— abusó sexualmente de una secretaria en uno de los anexos de la Cámara de Diputados. La mujer, que trabajaba para otra legisladora, denunció que fue abordada y besada contra su voluntad al ingresar al despacho para transmitirle un mensaje.
Inicialmente, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 6 había decretado la falta de mérito en 2018, decisión que luego fue apelada por la Fiscalía y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La causa continuó su curso hasta que Orellana fue procesado y llevado a juicio oral.
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, con el juez Federico Salvá, lo condenó a tres años de prisión en suspenso y lo inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. También se le prohibió acercarse o contactar a la víctima, y se ordenó la extracción de su perfil genético para ser incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos, en cumplimiento de la Ley N.º 26.879.
