El Gobierno bonaerense aseguró hoy que se actuó «profesionalmente y de acuerdo con lo que marca la ley» en el desalojo de los terrenos ocupados en Guernica, reafirmó que su «máximo empeño» estuvo puesto en encontrar una «salida pacífica» y «dar una solución» a las familias.
«Si la decisión judicial no se implementaba, la política entraba en desacato», advirtió en Bahía Blanca el gobernador Axel Kicillof y defendió la actuación de la Policía «como auxiliar de la Justicia para llevar adelante esa orden», que «se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia».
En un operativo realizado hoy por orden del juez de garantías Martín Rizzo, la Policía de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desalojó a las familias que permanecían desde julio en ese predio ubicado en el partido de Presidente Perón, a diferencia de la mayoría de los ocupantes que ya había abandonado el lugar pacíficamente.
En este contexto, Kicillof afirmó que «es falso» que se les haya otorgado 50 mil pesos a las familias que participaron de la toma, como ayer informaron algunos medios periodísticos, y explicó que la prensa aludió a un programa que no se ofreció a ninguno de los ocupantes de Guernica.
«Es una mentira y yo la atribuyo a la intención de generar presiones totalmente equivocadas para enardecer a la gente con una mentira», opinó Kicillof, quien además consideró «compleja» la situación enfrentada en Guernica y graficó: «Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución».
También, en declaraciones medios periodísticos y a través de un comunicado enviado por su cartera, el ministro Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, aseguró que se hicieron «todos los esfuerzos pero hubo alguna intencionalidad que va más allá de las necesidades de la gente».
Al igual que Kicillof, Larroque afirmó que «es absolutamente falso» el pago de dinero a quienes usurparon las tierras e ironió: «Ayer planteaban que le entregábamos 300 mil pesos por usurpar y hoy somos los desalojadores violentos».
En declaraciones a C5N, explicó que el decreto que se conoció ayer “plantea la actualización de topes de montos de un subsidio de emergencia que existe en la provincia de Buenos Aires desde el 2007 y que no se actualizaba desde el 2009″ y lo desligó de la situación de Guernica.
«El dispositivo interministerial en Guernica elaboró propuestas a medida de las familias y atendiendo las observaciones de los delegados de la toma. Estas fueron: subsidios para alquileres, ampliación y refacciones de viviendas de origen, refugio para personas en situación de calle y acompañamiento de víctimas de violencia de género», detalló un comunicado de la cartera.
Además, fue «reforzado el presupuesto del área social del Municipio y como solución de fondo se otorgaron 3 mil lotes con servicios para el distrito», precisó.
«Aquellas familias que aceptaban el retiro voluntario también podían optar por residir en las 11 hectáreas que el ministerio había puesto a tal fin. Asimismo, se asistió regularmente con elementos de higiene, de prevención al Covid, agua, alimentos y colchones, además del compromiso de no judicializar la situación de las familias ocupantes. El teléfono y la presencia del ministro a disposición las 24 horas», sintetizó el comunicado.
En cuanto al operativo de desalojo, Larroque manifestó que fue «una situación que siempre se quiso evitar» y que «produce dolor» porque no era lo que el Gobierno quería.
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, remarcó que «se actuó profesionalmente y de acuerdo a lo que marca la ley» y advirtió que existen cuestiones «que no están sujetas a la discusión de los funcionarios públicos», sino que se debe acatar lo que establecen las normas.
«La postura del Gobierno es clara: en la Constitución nacional y provincial está prevista la propiedad privada, y cuando hay usurpación de la tierra, actúa la Justicia», dijo Bianco a Télam.
El funcionario reseñó que cuando comenzó la toma, el juez ordenó llevar adelante un censo, contabilizar la cantidad de gente que estaba en el predio y analizar su situación particular.
«Eso se hizo, pero también mucho más: se llevaron a cabo vacunaciones, operativos para otorgar DNI, entrega de alimentos y frazadas y se otorgó asistencia general», indicó.
Bianco explicó que «una pequeña cantidad eran familias en situación de calle» y contó que «el resto era gente que tenía vivienda, pero estaban hacinados», por lo que se les ofreció «materiales».
«También había gente que no podía pagar el alquiler, a la que se le ofreció una ayuda momentánea para eso hasta que puedan recuperar sus ingresos o changas», describió.
El jefe de Gabinete precisó que si bien la mayoría de las personas lo aceptaron, otros no lo hicieron y atribuyó ese rechazo a que en muchos casos quienes eran los negociadores con el Gobierno «no les ofrecían a la gente lo que nosotros les proponíamos».
«Hubo un cortocircuito entre esos representantes y nosotros», dijo y también reconoció que «siempre hay vivos que se aprovechan de la desgracia ajena».
La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, manifestó que el Gobierno es consciente de la «enorme necesidad de vivienda existente» y resaltó que desde el 29 de septiembre se trabaja en el Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que comprende construcción de viviendas. (Télam)